La ley 25.326 establece el derecho de las personas a conocer, actualizar y rectificar su información personal almacenada en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas. También otorga el derecho a acceder a la información, ser informados sobre su finalidad, iniciar acciones judiciales, impugnar actos administrativos y oponerse a la entrega de datos personales. Los datos deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos, y no pueden ser utilizados para fines distintos a los planteados